Un pacto social por la niñez y la adolescencia
Por: Juan Diego Patiño
Los niños, niñas y adolescentes en Risaralda representan el 27% de la población del departamento. Las condiciones en que viven muchos de ellos no son buenas, a pesar de los esfuerzos que realizan las diferentes instancias de gobierno. Este es un grupo de atención prioritaria, que debe ser protegido a través de políticas públicas, cuya transversalidad es esencial.
En este sentido, uno de los temas que requiere mayor atención es la protección de su integridad física y la erradicación de las agresiones sexuales, cuyos datos preocupan por su tendencia creciente y, fundamentalmente, porque la mayor parte de su origen se registra en el propio hogar, de acuerdo con los datos oficiales de las autoridades.
En Risaralda también hay una gran preocupación social e institucional, por la ocurrencia, cada vez más continua, de intentos de suicidio, muchos de los cuales, infortunadamente, se materializan, poniendo a este territorio, entre los índices más altos del país. Las causas de este problema de salud pública y mental, deben ser enfrentadas con responsabilidad, en una acción conjunta de las familias, los educadores y las instituciones públicas.
Así mismo, se debe combatir la desnutrición de niños, niñas y adolescentes, que se hace evidente especialmente entre comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que ha desencadenado en casos de muerte. Esta situación es compleja y necesita de un trabajo mancomunado, en el que se respeten las costumbres, tradiciones y autoridades, pero donde se privilegie la vida.
Otro de los aspectos en los cuales es necesario centrar la atención de la gestión gubernamental, es en encontrar las mejores estrategias para que haya unidad familiar, la cual se resquebraja en muchas ocasiones, por la emigración de los padres a otros países, dejando el cuidado de los hijos a los abuelos o tíos.
Así mismo, requerimos como sociedad, trabajar en el mejoramiento de la calidad de la educación, la cual se logra con el compromiso de todos los actores que intervienen en el sistema escolar, dándoles, como debe ser, las herramientas necesarias para que se adelante una tarea que evite una formación inadecuada, que sea la propiciadora de aumentos de brechas sociales, especialmente en las zonas rurales de Risaralda.
Recordemos que esta población tiene derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, al agua, a la salud, a la libre expresión, a la recreación y el esparcimiento, a tener una familia y una identidad.
Comprometámonos en un contrato social en favor de nuestra infancia y adolescencia. La tarea no es sólo del gobierno, es una responsabilidad de la sociedad. Aquí es donde comienza la equidad.
