La vivienda, una solución social
Por: Juan Diego Patiño
La vivienda no se pude reducir únicamente a su proceso de construcción. Ella tiene implicaciones sociales, económicas, ambientales y presupuestales, que hacen compleja la búsqueda de soluciones a través de políticas públicas, para superar los déficits de calidad y cantidad.
Están equivocados quienes piensan que la superación de los déficit de vivienda, que en el caso de Risaralda ascienden a 23.510 unidades, está en la ubicación de un terreno, la construcción de casas o apartamentos y la ejecución de programas de remodelación. La solución va mucho más allá, según lo demuestra la experiencia.
Por ejemplo, tener una visión reduccionista del problema habitacional hizo que programas como el de casas sin cuota inicial en el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986), resultara siendo un fracaso técnico y económico; o que el programa de viviendas gratis de los gobiernos Santos y Duque, se enfrentara a dificultades de convivencia y marginalidad.
A lo que debemos aspirar es a encontrar las mejores soluciones a la problemática de vivienda, basados en el hábitat, tal como lo recomiendan los protocolos de Naciones Unidas y como lo han venido implementado a nivel de Latinoamérica, territorios de tamaño intermedio como Risaralda.
Una política de hábitat considera tener viviendas dignas, o sea, construidas con materiales adecuados, que respondan a las condiciones climáticas y geográficas, que cuenten con los servicios públicos básicos, especialmente de agua, saneamiento básico y energía.
A esto se debe sumar, que los programas habitacionales estén en concordancia con las urgencias y requerimientos ambientales, o sea, que se permita paralelamente el goce efectivo del derecho a la vivienda y a un entorno limpio.
Así mismo, el modelo que debe imperar en términos de la vivienda como solución social, tiene que incluir el acceso cercano de las personas a los bienes públicos, especialmente de salud, educación, movilidad y recreación. Este es un tema sustancial, porque no es dable desarrollar proyectos en áreas marginales que carezcan de hospitales, escuelas, transporte público, vías adecuadas y parques.
Infortunadamente, hemos asistido a la instalación de viviendas que sólo aportan una mínima parte a un hábitat digno, castigando a las familias y atrapándolas en la pobreza.
Para hablar del tema de vivienda, tendremos en los próximos días un foro al que asistirán actores institucionales, privados y comunitarios. Aspiramos tener conclusiones que vayan en la dirección de trabajar para ofertar iniciativas que contribuyan al bienestar de las familias, la creación de comunidad, la convivencia y cohesión social y el sentido de pertenencia.
Sin duda, hay posibilidades de seguir moldeando un programa de vivienda para las áreas urbanas y las zonas rurales dispersas, que cubra el riesgo de desastres y surja de acuerdos público-comunitarios.
*Diputado de Risaralda
