TENEMOS DERECHO A VIVIR SEGUROS
Por Juan Diego Patiño
La seguridad es junto con la corrupción, el desempleo y la pobreza, uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad colombiana.
La ausencia de seguridad tiene efectos sobre la calidad de vida de las personas, genera desconfianza entre los inversionistas, crea una sensación permanente de miedo y afecta la gobernabilidad de las instituciones públicas.
Sobre el tema de la seguridad promoví un conversatorio en las instalaciones de la Asamblea de Risaralda, con la participación de los actores relevantes del tema como los jefe de la policía departamental y metropolitano, los secretarios de gobierno de La Virginia, Dosquebradas, Pereira y el departamento, policía de infancia y adolescencia, Sijin, concejales de Pereira, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, veedores ciudadanos, y representantes de instituciones como el ICBF y Fedegan.
La conversación surgió como respuesta a la creciente queja expresada por amplios sectores sociales y empresariales sobre actos delincuenciales y de violencia que han potenciado una sensación de inseguridad en varios municipios.
En el “Conversatorio de Seguridad por Risaralda”, se hizo evidente la existencia de delitos como el robo y el atraco, pero también bandas dedicadas a la extorsión, los asaltos armados y al microtráfico. Se supo del número creciente de personas drogadas con escopolamina. A lo anterior se suman las riñas callejeras, la explotación y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y la violencia intrafamiliar, donde las más afectadas son las mujeres.
Sabemos que en amplios sectores urbanos hay enfrentamiento de pandillas, tráfico de armas, fronteras invisibles y homicidios.
Esta cruda realidad hace necesario fortalecer las acciones preventivas de la violencia, como ampliar el pie de fuerza policial; incrementar las ayudas tecnológicas para detectar, documentar y reaccionar contra el crimen; identificar y presentar mejores resultados públicos frente a la delincuencia organizada; comprometer a los ciudadanos en colaborar con las autoridades y a denunciar los delitos de los que son víctimas; acercar mucho más la Policía a la comunidad; y mejorar la inversión pública en favor de entornos seguros como la iluminación pública y la recuperación de parques.
Es claro que la inseguridad es un tema que compromete el esfuerzo de todos los estamentos sociales y no puede ser una responsabilidad que enfrenten únicamente las autoridades judiciales y de policía.
Mayor solidaridad, mejor comunicación en el contexto geográfico departamental, rápida respuesta de las autoridades y más cultura ciudadana, sin duda, contribuirán a que la sensación de seguridad mejore en Risaralda y que no se erosione la calidad de vida de las personas.
Los participantes en el conversatorio, mostraron una actitud propositiva frente a la necesidad de trabajar mancomunadamente en pro de una mejor seguridad ciudadana, a la vez que reconocieron los problemas que enfrentan las instituciones. Esta clase de encuentros permiten generar confianza no sólo entre los órganos públicos y privados, sino entre la ciudadanía, en el entendido que los risaraldenses tenemos derecho a vivir seguros.
